Perú: sin pruebas

”Fiscalía halló decreto firmado por Pedro Castillo (foto) el día del autogolpe de Estado”. Con esta fake news un multimedio regional–a instancias de Willax- esparció un rumor. No solo no estaba firmado, lo que se conoció primero, sino que tampoco existía ningún decreto, lo que admitió la propia fiscalía tiempo después: todo era falso. 

“La prueba fue encontrada la noche del fallido autogolpe de Castillo por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge para tener más elementos que sirvieran en la investigación que se le había abierto al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado”.

No podemos seguir mintiendo descaradamente. La desinformación tiene que tener un límite. Condiciona la vida en democracia. Desnaturaliza cualquier debate político. Debatimos en base a medios que esparcen falsedades. Que esconden la verdad. Como sucedió en la Argentina durante la dictadura: 7 años de no informar nada de lo que en realidad sucedía. La “desinformación” es una práctica habitual con claros objetivos políticos. Nos hemos acostumbrado a lidiar con la mentira mediática. Pruebas falsas de lo que no pasó. Y volver invisible lo que sí pasa. Esa es la estrategia “comunicacional” de los grandes monopolios. La información viene en último plano. Se busca entretener y condicionar, no “informar”.

El diario El Comercio señala que “la declaración de Boluarte ante la fiscalía por las muertes incluyó evasivas“. Su abogado argumentó que si la orden hubiera sido ”salgan a matar“ habría habido de 70 a 100 muertos por día, minimizando los asesinatos. Boluarte acaba de amenazar a los manifestantes, que anuncian nuevas protestas en Lima, diciendo “¿cuántas muertes más necesitan?” Notable extorsión a los manifestantes de parte de quien ya lleva 70 asesinados y miles de heridos.

Un decreto que no está firmado es presentado como “prueba“ por la fiscalía de la nación (la fiscal Patricia Benavidez ganó un concurso con tesis de maestría y doctorado que no aparecen, la Universidad Alas Peruanas, acusada de lavar dinero para Fujimori, las “perdió“, no las “encuentra“ tampoco la autora, que acusa a Castillo y a toda su familia de supuesta “organización criminal“, siendo que es gente muy modesta, sin dinero) que después de seis meses no tiene absolutamente nada para incriminar al presidente Castillo en ningún “golpe“ de Estado, manteniéndolo arbitrariamente preso e incomunicado, violando no solo sus derechos, sino los de su familia, sobretodo sus hijos menores, exiliados en México. Por los 70 asesinatos no hay nadie preso. No hay nadie detenido en prisión “preventiva“. Nada.

Este cúmulo de ilegalidades tienen un nombre: fabricación de prueba. La falsedad ideológica afecta la fe pública. Se empiezan a inventar pruebas ante la inexistencia de ellas. El régimen está desesperado. No han encontrado una sola orden concreta de disolver el parlamento. Ningún documento firmado. Nada. Luego de 48 hs de descubierta esta “prueba“ supuesta (que tampoco lo fue, ya que el supuesto decreto no estaba firmado, incluso si hubiera existido, era una prueba de que no se había iniciado golpe ninguno) la propia fiscal adjunta sale a desmentir la información: no existe en realidad ningún decreto “encontrado“ en las impresoras del Palacio. Nada. Es delito fabricar prueba. Ahora van a investigar de donde sacaron ese documento falso, divulgado en los medios como una “verdad“. Como una “primicia“ (incluyendo medios serios, como La República, que se hicieron eco de esta falsedad, dando por verdadero lo que informaba falsamente la fiscalía, que luego salió a desmentirlo). No existen pruebas para mantener preso a Castillo “preventivamente“ hace más de medio año, sin pruebas de ningún tipo, acusado de dos delitos de imposible cumplimiento (rebelión y conspiración, sin armas y sin el concurso de voluntades)

Ahora la fiscalía “niega” que el 31.5.2023 hayan encontrado algún proyecto de Decreto Ley en una impresora de Palacio de Gobierno. Willax, un canal terruqueador, ha difundido que existe un decreto supremo sobre el discurso del siete de diciembre. La fiscalía ha intervenido la impresora que funciona para el despacho presidencial y no ha encontrado nada. Es decir, no existe prueba de esa noticia. De ese decreto supremo. Fue hace tres días: nadie informó el resultado negativo de la pericia. Se desinforma primero, no se rectifica después.

La desinformación sistemática es parte de una campaña de persecución mediática y jurídica, que siempre tiene como víctimas a los líderes populares que toman medidas que no favorecen al mercado concentrado, sino al pueblo invisible. Sea Lugo, Lula, Evo, Cristina, Correa (acusado de “influjo psíquico”). Ahora le toca a Pedro Castillo.

El congreso peruano rechazó todas las reformas impulsadas por Castillo. Releer el titulo de las mismas puede servir para interpretar mejor lo que viene sucediendo en Perú: El ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población: 1) Masificación del gas 2) La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 3) El ingreso libre a las universidades 4) La segunda reforma agraria 5) La reforma tributaria, 6) La reforma del sistema de justicia, 7) La eliminación de la actividad económica subsidiaria del estado 8) La prohibición de monopolios. Entre otros que no fueron atendidos

El Congreso peruano, como se ve (y no se equivocaba Castillo en convocar a elecciones para renovarlo, incluyendo cuota indígena en una nueva constitución) es corrupto. Está conformado por criminales de lesa humanidad, como Alejandro Aguinaga, responsable de esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas pobres bajo engaño durante la dictadura de Fujimori. Sigue siendo congresista y votó, esta persona, la destitución de Castillo por “incapacidad moral”.

Hasta la prensa conservadora El Comercio (Martín Hidalgo) está cuestionando al congreso actual por sacar “normas con trampa“. La última: una norma para favorecer la minería ilegal y otra para minar la autonomía del procurador general del Estado.

El régimen de Boluarte lleva ya 70 personas asesinadas. Criminaliza la protesta y persigue (y “terruquea“) opositores. Muy bien Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou en no darle la mano al primer ministro peruano Alberto Otárola en la Cumbre en Brasil. No es lo mismo darle la mano a un criminal que no dársela. Pero no alcanza. Son gestos valiosos, pero se requieren pasos decididos y claros. Institucionales. 

Abogado de Pedro Castillo