“Reorganización profunda”: el Gobierno intervino el Instituto de ...
Después que en marzo pasado el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y del Consejo de Agricultura Familiar, el Gobierno intervino el organismo por el plazo de 90 días. Así se publicó hoy en el Boletín Oficial con el decreto presidencial 285 que, además, designó como interventora a la doctora Inés Liendo. La norma lleva la firma de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene en su órbita el ente.
Entre las razones que se consideró en la normativa figura que el organismo era quien buscaba y detectaba al potencial beneficiario, lo asesoraba, lo guiaba e impulsaba la tramitación y que “dicho accionar da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación”.
Según destaca el decreto publicado en el BO, se decidió intervenir para “realizar un análisis minucioso sobre los programas con financiamiento externo como así también con relación a su nivel de ejecución, estado de avance de las obras y prestaciones otorgadas de transferencias de aportes no reintegrables (ANR)”Ministerio de AgroindustriaEn este contexto, indicaron que se ha informado “sobre situaciones de ocupación de tierras fiscales provinciales o municipales y/o tierras privadas, ya sea con permiso o sin él, en adjudicación de venta; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas; y otros casos especiales como la ocupación de Áreas Naturales Protegidas, con la gravedad institucional que conlleva”.
En esa línea fue que se decidió intervenir para “realizar un análisis minucioso sobre los programas con financiamiento externo como así también con relación a su nivel de ejecución, estado de avance de las obras y prestaciones otorgadas de transferencias de aportes no reintegrables (ANR)”.
“Es necesario proceder a una reorganización profunda del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y efectuar un rediseño organizativo que resulte más conveniente para que los objetivos tenidos en vista al momento de su constitución sean alcanzados con la mayor eficacia, eficiencia y economía”, remarcaron.
En el ejercicio de su cargo, la interventora del Instituto Nacional tendrá como facultades la de elaborar y elevar al Ministerio de Economía un informe de estado de situación del organismo; realizar todas las acciones necesarias destinadas al ordenamiento del régimen del personal en cuanto a su condición de revista; relevar la dotación del organismo, pudiendo disponer las medidas tendientes a la racionalización de su planta de personal, incluyendo la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad, suspensiones y revisión de designaciones efectuadas en el marco de procesos de concursos de planta permanente e impulsar los procedimientos sumarios en caso de corresponder, designar y remover a funcionarios de dicho organismo; relevar la totalidad de los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales el instituto participe o esté involucrado como parte, tercero o potencial tercero interesado, realizando un informe del estado de dichos procesos y las recomendaciones a seguir, examinar su actual estructura y proponer a la cartera económica las modificaciones que considere pertinentes”.
Vale recordar que Adorni había dicho que la dotación de personal se iba a reducir de 900 a 64 empleados.
También Liendo deberá “revisar la administración y los procesos de compras, contrataciones y transferencias realizadas, quedando facultado a renegociar y/o resolver contratos; revisar y disponer todas las acciones tendientes a la regularización y reordenamiento de programas y proyectos gestionados con financiamiento externo; disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles que se recepcionan, del estado de los mismos y su eventual destino; evaluar e informar a Economía la existencia y cumplimiento de aquellas observaciones y recomendaciones que se hubieren efectuado en el marco de las auditorías realizadas y sobre las acciones de regularización y/o correctivas que se hubieren tomado”.
Por último, en caso de “detectarse anomalías o irregularidades, la interventora informará al Ministerio de Economía el detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del instituto como organismo descentralizado”.
