Milei cobra el Impuesto País sin base legal
La irregularidad data desde el primer día del presente año y por lo tanto el Gobierno debería devolver unos 10.000 millones de dólares.
Desde el 1 de enero de 2024, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Toto Caputo están cobrando el Impuesto PAIS sin que una ley los autorice.
Si alguien se animara a formular una presentación razonable y si se actuara con razonabilidad, a principios del año próximo la administración libertaria debería devolver casi 10.000 millones de dólares de recaudación irregular.
PAIS se impuso por ley en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero la administración libertaria será la más beneficiada y ya es la que más provecho le está sacando, no sólo porque aumentó sideralmente sus alícuotas, incrementó sustancialmente su multiplicador (el tipo de cambio) y extendió su alcance a operaciones que originalmente no alcanzaba.
El libertario Milei es el más agraciado porque, aunque él y su gobierno no lo admitan en público, está cobrando el Impuesto PAIS sin una sólida base normativa que le permita hacerlo. En rigor, el tributo perdió vigencia el 31 de diciembre de 2023.
Consciente de esa endeblez, el Ejecutivo libertario intentó discretamente dotar de sustento legal al impuesto por la vía del Congreso, en el marco de la Ley Bases, pero fracasó. Lo raro es que nadie registró seriamente la frustrada maniobra.
El origen de todo se remonta al artículo 35 de la Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019. Allí se establece que el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) tiene “carácter de emergencia, por el término de cinco (5) períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia” de esa ley.
Un período fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Tiene sentido que el gobierno anterior haya fijado los cinco períodos de vigencia, dado que los nueve días de diciembre de 2019, contados desde la fecha de oficialización de la norma, caen dentro del primer período fiscal; y los otros cuatro períodos van desde el primer hasta el último día de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Esos son los cinco “períodos fiscales”. En realidad, ya fueron.
Así, el impuesto cobraba vigencia a pocos días de iniciar un nuevo gobierno y dejaba de tenerla unos días después de finalizado el mandato.
Esa fue la convicción con que los legisladores votaron el impuesto.
No sólo tiene lógica, sino que también exhibe robustez legal al encuadrarse bajo las pautas del Artículo 10 de la Ley Nro. 24.156 de Administración Financiera, vigente para el sector público nacional desde hace más de 30 años, que establece: “El ejercicio financiero del sector público nacional, comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año”.
Sin embargo, con fecha 6 de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Impuestos emitió un dictamen interpretando que la vigencia del Impuesto PAIS se extendía por un año más, al considerar que la expresión “períodos fiscales” se refiere a “años”.
Basada en ese particular punto de vista, aquella repartición pública dictaminó que “la aplicación del Impuesto PAIS se extiende desde el 23/12/2019 hasta el 22/12/2024, ambas fechas inclusive”.
El gobierno libertario no estaba dispuesto a descansar en la precariedad de semejante dictamen, por eso en la versión original de la Ley Bases, venía incluido el artículo 180 con un texto inequívocamente destinado a remediar brutalmente la fragilidad interpretativa vigente.
El referido artículo, transcripto aquí completo, señala: “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) establecido por el artículo 35 de la Ley Nro. 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive” (una réplica del dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos).
Insólitamente, o no tanto, el texto comienza con la expresión “se aclara”, lo que revela que la vigencia del tributo para 2024 no está clara, de ninguna manera. Ese artículo jamás se aprobó.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
