Qué pena podría recibir la azafata de Aerolíneas Argentinas que ...

Daniela Carbone, la azafata de Aerolíneas Argentinas que fue detenida por una amenaza de bomba a un avión de esa línea, podría ser condenada por tres delitos distintos. Si bien su panorama procesal es complicado, en caso de ser condenada es muy probable que reciba una pena mayor a tres años, lo cual significa una sanción excarcelable.

De probarse la culpabilidad de la azafata, las penas que se manejan por los delitos que habría cometido no son tan graves. Además, Carbone no tiene antecedentes. Este miércoles al mediodía, el juez Federico Villena le otorgó la prisión domiciliaria. 

Eduardo Gerome, abogado penalista y ex juez de instrucción, analizó la situación y aseguró que "se puede abrir un abanico de posibilidades".

Desde su punto de vista, a Carbone podrían imputarle el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, que dice que quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

"No es una pena grave. Es excarcelable. Si no tenés antecedentes, no te dan una pena alta. Por lo general, si es menor de tres años, te dan la condena en suspenso", agrega Gerome.

Daniela Carbone, la azafata detenida por amenazas de bomba contra un vuelo de Aerolíneas Argentina.

Otro delito que le puede caber es el que tipifica el artículo 211: "Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

Gerome resume que en este caso "son delitos contra la seguridad pública", pero también señala que "la pena sigue en gran parte excarcelable porque se supone que no tiene antecedes para que se le aplique una pena mayor".

El tercer delito es el de coacción agravada, ya que en una parte de su amenazada, Carbone dice "que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos". Gerome apunta que "con su amenaza, la imputada intenta obligar a otra persona hacer o dejar de hacer algo. Igualmente, así como está dicho en el audio, no está claro el delito de coacción". 

Por otro lado, si el avión hubiese despegado, la situación de la azafata habría sido mucho más grave. "Si sale el avión y apenas sale se enteran de la amenaza de bomba, la imputada estaría ahora más complicada" ya que "el piloto no va a conducir el avión con normalidad. Por el susto, podría poner en peligro el vuelo. Podría darse la posibilidad de que el avión estuviera en peligro. En ese caso, se suplantaría el artículo 194 por el 190, que tiene una pena de hasta ocho años", explica.

Carbone está imputada por estas tres figuras. Si la condenan por dos o más, habría en ese caso un concurso real de delitos, los cuales se suman de una forma particular para definir la pena mínima y la máxima. "Usualmente se toman en cuenta las penas mayores de los artículos. Con lo cual sería de entre tres y seis años", analiza.

Daniela Carbone, la azafata acusada de ser la autora de las amenazas de bomba que demoraron un vuelo de Aerolíneas Argentina.

No obstante, el penalista cree que "seguramente no le van a dar una pena que exceda los tres años". Pero sí toma en cuenta que la azafata podría sufrir otros medios de represión como podría ser un castigo pecuniario. Es decir una demanda millonaria, por parte de Aerolíneas Argentinas. "Los pasajeros podrían demandar a la empresa y esta a su vez, a la imputada", señala.

En caso de ser condenada con una pena de tres años o menos, Carbone podría volver a su casa y tener una vida normal. Pero durante ese tiempo, lo que no puede hacer es volver a cometer un delito. "Si lo hace, va perder la posibilidad de cumplir en forma condicional y además se la van a sumar las condenas", agrega el penalista. 

Especula que además de la pena, el juez a cargo de la causa podría pedir un tratamiento psicológico. "Las penas tienen una función social, que es mostrarle a la gente las consecuencias de comer un delito. Por eso importante que un juez aplique la pena correspondiente para dar un ejemplo de que los delitos se pagan", cierra Gerome.

AS