¿Cuánto perdería Uruguay si se eliminara la ley de vivienda ...

Políticamente, la eliminación de la ley de vivienda promovida requeriría un proceso legislativo complejo y una evaluación exhaustiva de sus implicancias económicas y sociales. Es crucial que los actores involucrados en el sector inmobiliario estén atentos al desarrollo político y a las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones, ya que cualquier cambio en esta legislación podría tener consecuencias significativas para el futuro del mercado inmobiliario en Uruguay.

En Uruguay, jóvenes, trabajadores y estudiantes muestran una creciente preferencia por arrendar inmuebles nuevos y a estrenar en diversos barrios urbanos. Esta tendencia está transformando el mercado inmobiliario, impulsando la construcción de unidades modernas que ofrecen diseño contemporáneo, tecnología avanzada y comodidades superiores. Este cambio no solo responde a demandas estéticas y de confort, sino que también revitaliza áreas urbanas y promueve la inversión en vivienda de calidad a largo plazo.

Los gobiernos, a excepción de la construcción para sectores de bajos ingresos, rara vez desarrollan viviendas que entren al mercado inmobiliario y contribuyan activamente al dinamismo económico nacional.

Los gobiernos han realizado inversiones considerables en el sector de vivienda, especialmente enfocadas en proporcionar soluciones habitacionales para sectores de bajos ingresos a través de programas específicos. Estas iniciativas no suelen tener un impacto directo en el mercado inmobiliario convencional, ya que las viviendas construidas bajo estos programas están destinadas principalmente a cubrir necesidades sociales urgentes, sin ingresar al mercado libre.

Por otro lado, los desarrolladores privados, tanto locales como extranjeros, han apostado de manera significativa por Uruguay y su mercado inmobiliario. Han realizado inversiones considerables en la construcción de viviendas nuevas y modernas, no solo en Montevideo, sino también en otras ciudades importantes del país. Estas inversiones no solo contribuyen al aumento de la oferta habitacional, sino que también dinamizan la economía local a través de la creación de empleo, la inversión en infraestructura urbana y la revitalización de áreas urbanas.

En conjunto, tanto las inversiones gubernamentales dirigidas a sectores específicos como las inversiones privadas en el mercado inmobiliario juegan roles complementarios en el desarrollo habitacional y económico de Uruguay, cada una con su enfoque particular en la satisfacción de distintas necesidades y dinámicas del mercado.

Las inversiones bajo la ley de vivienda promovida en Uruguay han sido significativas, con la construcción de aproximadamente 35 mil viviendas y una inversión total estimada en 3.500 millones de dólares. Además, se destaca que alrededor de 8.000 unidades han sido adquiridas por argentinos, evidenciando el atractivo del mercado uruguayo para inversores extranjeros. Estos y otros datos se desprenden del informe que publicamos hace pocos días, denominado “Tsunami de inversión y construcciones, la vivienda promovida en Uruguay”.

La pregunta crucial es si la modificación de la ley de vivienda promovida en sus términos actuales afectaría la continuidad de estas inversiones y el interés de los desarrolladores locales y extranjeros, así como la demanda sostenida de inversores argentinos.

Una modificación que reduzca los beneficios fiscales y financieros podría desalentar la inversión de desarrolladores locales y extranjeros que dependen de estos incentivos para viabilizar sus proyectos. La incertidumbre regulatoria resultante podría llevar a una pausa en nuevas inversiones o a una reevaluación de las estrategias de desarrollo. Además, los inversores argentinos, atraídos por las condiciones favorables del mercado uruguayo, podrían perder interés si se eliminan incentivos como exoneraciones fiscales y financieras, lo que podría afectar la frecuencia y volumen de sus compras de propiedades en Uruguay. La sostenibilidad del mercado inmobiliario dependerá críticamente de la estabilidad regulatoria, la previsibilidad fiscal y la competitividad del mercado, factores que influirán en la capacidad de Uruguay para mantener su atractivo como destino de inversión a largo plazo.

La continuidad de la ley de vivienda promovida es crucial para el desarrollo económico y habitacional del interior de Uruguay. Esta legislación ha sido fundamental en la atracción de inversiones hacia áreas fuera de Montevideo, estimulando la construcción de nuevas viviendas y dinamizando el mercado inmobiliario local. Sin ella, existe el riesgo de que el crecimiento se estanque, ya que los incentivos fiscales y financieros proporcionados por la ley han sido determinantes para que desarrolladores y constructores apuesten por proyectos en ciudades y pueblos del interior.

La ley de vivienda promovida no solo ha facilitado el acceso a viviendas dignas en áreas menos desarrolladas, sino que también ha contribuido a la creación de empleo y al fortalecimiento de la infraestructura urbana en regiones que históricamente han enfrentado desafíos en términos de inversión y desarrollo. La eliminación de estos incentivos podría desincentivar la inversión en el interior del país, limitando las oportunidades de crecimiento económico y social para comunidades fuera de la capital.

Es esencial considerar el impacto positivo que esta ley ha tenido en la descentralización del desarrollo urbano y en la mejora de la calidad de vida de miles de uruguayos. Mantener un marco regulatorio estable y favorable es clave para asegurar que el interior del país continúe atrayendo inversiones y experimentando un crecimiento sostenido en el mercado inmobiliario, beneficiando tanto a residentes locales como a inversores interesados en diversificar sus portfolios en Uruguay.

La demanda auténtica de vivienda se concentra en el interior del país, una región donde la actividad constructiva ha sido tradicionalmente limitada en comparación con Montevideo. Es crucial reconocer que estas áreas representan un potencial considerable para el crecimiento económico y social de Uruguay. Políticas como la ley de vivienda promovida no solo han facilitado el acceso a hogares dignos en regiones menos desarrolladas, sino que también han generado oportunidades significativas para mejorar la infraestructura local y fortalecer la economía regional. La continuidad de estos incentivos es fundamental para asegurar un desarrollo urbano equitativo y sostenible que satisfaga las expectativas de crecimiento y calidad de vida de las poblaciones del interior del país.

Como experto en el mercado inmobiliario de Uruguay, es esencial evaluar el posible impacto de la eliminación de la ley de vivienda promovida después de las elecciones de octubre de 2024. Esta legislación ha sido fundamental para el sector al incentivar la construcción de nuevas viviendas mediante beneficios fiscales y financieros tanto para desarrolladores como para compradores. Ha contribuido significativamente al aumento de la oferta habitacional, estimulando la actividad económica y generando empleo en la construcción. Además, ha facilitado el acceso a la vivienda propia a través de exoneraciones tributarias y condiciones preferenciales de financiamiento, beneficiando especialmente a sectores de ingresos medios.

Desde una perspectiva económica, su eliminación podría desacelerar la actividad constructora, reducir la oferta de viviendas nuevas y potencialmente aumentar los costos de adquisición, afectando la accesibilidad para los compradores y la estabilidad del mercado inmobiliario. Socialmente, la ley ha promovido la inclusión social al permitir que más personas accedan a viviendas dignas, cuya eliminación podría afectar negativamente a los grupos vulnerables. Políticamente, su eliminación requeriría un proceso legislativo complejo y una evaluación exhaustiva de sus implicancias económicas y sociales.

En resumen, mantener la ley de vivienda promovida es crucial para sostener el dinamismo positivo del mercado inmobiliario, asegurar la accesibilidad a la vivienda propia y fomentar un crecimiento económico equitativo y sostenible en todo el país. Su continuidad fortalecerá la economía local y regional, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos uruguayos y consolidará a Uruguay como un destino atractivo para la inversión en el sector inmobiliario.

La ley de vivienda promovida es contemporánea a los 3 últimos gobiernos, generando múltiples ventajas para el país, para la sociedad y para los trabajadores. Lejos de eliminarla, habría que ampliarla, extendiendo a 20 años los beneficios fiscales, para aquellos proyectos que se desarrollen en el interior del país, y destinen las viviendas a arrendamiento.

Esta posibilidad crearía fuentes de trabajo donde más se necesita, se estaría atendiendo la demanda genuina de vivienda, se soluciona el acceso a vivienda en ciudades donde la venta de inmuebles no tiene mayor desarrollo pero sí se necesita alquilar, y por último, y de gran importancia, nuestro país, con esta propuesta, estaría en los titulares de la prensa internacional, pues ningún país ofrece beneficios por 20 años, atrayendo a importantes grupos empresariales y fondos de inversión, a radicar sus capitales en Uruguay.

* Gonzalo Martínez Vargas es CEO de Moebius Consultora Inmobiliaria.