El segundo paro contra Milei: hay comercios abiertos y circulan ...
Las primeras horas del paro general convocado por la CGT exhibió imágenes dispares. El transporte, transformado en la clave del éxito de la medida, respondió en forma casi total a la convocatoria gremial, a pesar de que hubo líneas de colectivos activas. Los comercios fueron los que exhibieron mayor nivel de actividad, y en las calles se notó el efecto de la huelga, pero se mantuvo un flujo de movimiento de gente. Sin embargo, en el sindicalismo celebran la contundencia del paro y hablan de la medida más fuerte de los últimos 20 años. Destacan, además, una salvedad: no hubo cortes y piquetes, como sucedió en las huelgas que se le activaron a las diferentes gestiones kirchneristas y a la de Cambiemos.
La adhesión casi total de los gremios del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento en una huelga, condiciona el normal funcionamiento de actividades que no están dispuestas a paralizarse. El Gobierno tomó nota de esta cuestión y desplegó inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para verificar que las empresas de colectivos presten servicios. El Estado tiene un rol decisivo porque es el que aporta los subsidios, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la evaluación que se hizo en la Casa Rosada, el 40% de los colectivos está funcionando.
El portavoz presidencial Manuel Adorni, en línea con lo que más temprano declaró el secretario de Transporte, Franco Mogueta, confirmó que se les descontará el día a aquellos que no asistan a trabajar. Tampoco le pagarán los subsidios a las empresas que hayan sido cooperativos con el paro de los gremios.
“El paro no tiene contundencia”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que denunció “ataques mafiosos” a colectivos que circulaban por el conurbano bonaerense. Los impulsores de la protesta, en cambio, anticipan “un paro casi total” y proyectan comparaciones con lo que fueron las medidas contra Fernando de la Rúa, el 13 de diciembre de 2001, o la del 8 de agosto de 1996, la primera reacción masiva contra Carlos Menem.
La estación Constitution, vacíaNatacha Pisarenko - APLa huelga se concreta en un contexto de alta inflación, aunque con una gradual desaceleración, con el Gobierno muy activo para regular las paritarias y dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de los haberes jubilatorios.
Además, tiene como una de sus finalidades condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluye una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias.
Los gremios intentaban que el impacto de la huelga, que cuenta con el respaldo político del peronismo y las fuerzas de izquierda, fuera el más contundente de los últimos 20 años. Ni las diferentes gestiones kirchneristas ni la de Cambiemos habían logrado unir el rompecabezas sindical. Hay que remitirse a la crisis de 2001 o al segundo mandato menemista para encontrar una confluencia multisectorial como la que articulará hoy. Se unirán en rechazo al ajuste y a las reformas libertarias las tres centrales obreras, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y agrupaciones estudiantiles. Hasta se apilaron adhesiones de diferentes centrales sindicales del exterior con advertencias sobre lo que consideran un dramático aceleramiento de la crisis económica y social desde la llegada de Milei al poder.
La huelga se concreta en un contexto de alta inflación, aunque con una gradual desaceleración, con el Gobierno muy activo para regular las paritarias y dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de los haberes jubilatorios.
En paralelo, avanza en un proyecto de reforma laboral más acotado de lo que pretendía imponer por decreto y la posible vuelta del impuesto a las ganancias a partir de los salarios superiores a $1.800.000, para los solteros, y a $2.200.000, para los casados con dos hijos. Esto abriría un foco de conflicto adicional con los gremios de personal con salarios más altos, como bancarios, petroleros y transportistas. Se trata del mismo tributo a los salarios que Milei, como diputado nacional, votó para eliminarlo. Eran tiempos de campaña electoral. Ahora, con este atajo, el Presidente busca compensar la caída en la recaudación de las provincias y garantizarse su apoyo a la Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en Diputados y se debate en comisión en el Senado.
Comercios abiertos en Ramos MejíaComo parte de su estrategia, la CGT pretende con el paro condicionar la votación de la Ley Bases. “Hay que voltear la ley en el Congreso o en la calle”, reconoció a LA NACION un jerárquico de la central obrera que el miércoles se reunió en el Senado con el bloque kirchnerista. En caso de un revés legislativo, el aeronáutico Edgardo Llano ya adelantó cuál será la maniobra: escrachar a aquellos legisladores que hayan apoyado la iniciativa oficial.
“Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, enumeró la CGT en un inédito comunicado conjunto con las dos vertientes de la CTA. En las centrales sindicales hay pocas expectativas de que el paro modifique el vínculo con el Gobierno.
La tensión y la desconfianza guiaron el vínculo entre Milei y los gremios desde que el libertario venció a Sergio Massa en el balotaje presidencial. Se abrió inicialmente un canal de diálogo entre la CGT y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero la letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado a fin de año dinamitó los puentes. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación. El capítulo laboral del decreto 70/23 quedó suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema, aunque una versión más light fue avalada en Diputados. La nueva reforma mantiene a salvo la caja sindical a partir de un acuerdo entre el Gobierno y sus aliados de Pro, Hacemos Coalición Federal y la UCR, que priorizaron los ítems menos conflictivos, que apuntan a una modernización laboral.
Un supermercado abierto en Vicente LópezPilar CamachoAsí y todo, la CGT avanzó hacia el segundo paro general en cinco meses. Lo hizo a pesar de haber abierto un canal de diálogo con el Gobierno, hace un mes, en lo que fue el primer intercambio oficial. Aquel primer mano a mano, del que participó Santiago Caputo, asesor de Milei, sirvió para destrabar la paritarias de los camioneros y acotar los alcances de la reforma laboral. Los gremios, sin embargo, mantuvieron la guardia en alto y resolvieron no abrir un periodo de tregua. En la CGT se atribuyen la representación de otros sectores que están dispuestos a confrontar contra el Gobierno y los sindicalistas creen que podrían capitalizar este momento, en el que el peronismo atraviesa una crisis interna después del revés electoral del año pasado.
La participación del transporte en su conjunto garantiza dificultades para llegar a los lugares de trabajo. No habrá colectivos, trenes ni subtes. Será un cambio medular con respecto al primer paro que realizó la CGT, el 24 de enero pasado, cuando los servicios se mantuvieron casi todo el día y los gremios se movilizaron al Congreso para rechazar la Ley Bases. La apuesta de hoy es escenificar su poder, condicionar a los legisladores y forzar a Milei a sentarse a negociar con los que el Presidente considera “la casta”.
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