Juan Esteban Romero: La casta pide pista - Cuarto Poder

Con verborragia minera de bajo vuelo y sumergido en una nueva faceta tik-toker, el hijo de Juan Romero y hermano de Bettina, asoma como un previsible contendiente en las listas del mileísmo. ¿El obstáculo? Su breve trayectoria política se complementa con su extenso repertorio de causas judiciales y, en la Capital, aún asocian su apellido a la fatídica gestión de su hermana. 

Kim Im Porta

La disputa por la Capital en las elecciones de medio término del año entrante enfrentará a apellidos conocidos que, por estas horas, sondean las principales encuestadoras locales. Biella, Esteban, Orozco, Kripper y Romero son algunos de los apelativos que figuraban en las planillas de una de las últimas mediciones realizadas en la ciudad.

De todos ellos, uno parece haberse llevado la peor parte. No sólo por la cantidad de encuestados que admitieron no conocer al candidato más allá de su apellido, sino también por la escasa intención de voto que cosechó en los primeros sondeos. Hablamos, claro, del diputado provincial, hijo y compañero de causas penales de Juan Romero, hermano de Bettina y primo de Emilio Fayón, Juan Esteban Romero.

El legislador, que además preside la comisión de Minería, blanqueó su intención de renovar su banca el año que viene. Para hacerlo, apeló a dos pobrísimas consignas: el apoyo al deporte (así, en abstracto) y la implementación de la Boleta Única Papel, un leitmotiv que el romerato no se cansa de repetir a pesar del paso de los años. Todo macerado en un forzado lenguaje tiktoker que incluye el desembarco en redes sociales con entrevistas a jóvenes deportistas y otros mensajes en formato youtuber.

De acuerdo a la disposición actual de las piezas de La Libertad Avanza en Salta, la lista encabezada por Romero Jr. se complementaría con otra que llevaría al olmedista Roque Cornejo Avellaneda como candidato a senador provincial. A eso habrá que sumar la posibilidad de que otra olmedista, Emilia Orozco, baje -o la bajen- al terreno local para enfrentar al durandismo.

Como sea, no son pocos los elementos que obligan a LLA a meditar su estrategia en Salta de la mano del hijo de Júcaro: Por un lado, la estruendosa derrota de su consanguínea convirtió el apellido Romero en un ancla en la capital. Por otro, las causas por corrupción del romerato que lo tienen como protagonista, todavía son asuntos sin resolver en la justicia.

Patotero en banda

Lanzado de lleno y definitivamente a la política en 2021, de la mano de la alianza Unidos por Salta, Romero Jr. accedió a una poltrona en la legislatura provincial, arrastrado por el candidato a senador provincial y actual intendente de la ciudad, Emiliano Durand. Ya como diputado electo, durante la gestión de su hermana, Bettina Romero, protagonizó un escandaloso episodio que llegó hasta los estrados judiciales.

Un desmalezador de una cooperativa municipal denunció una brutal golpiza por parte del hijo del senador nacional, quien además actuó junto al director de la Panadería Social, Emilio Fayón (hoy imputado por robar bienes para asistencia social), y el exsecretario de Servicios Públicos, Aroldo Jesús Tonini.

En su denuncia, el trabajador contó que en la sede de FUNDARA, base del romerismo, el diputado electo Juan Esteban Romero junto a Fayón y Tonini le realizaron una especie de emboscada. Apenas ingresó a un salón fue recibido por Romero, según su denuncia, quien tenía a diestra y siniestra a los dos exfuncionarios. Sin mediar palabra, le propinó dos golpes de puño una a la altura de la oreja lado izquierdo y otro en su pómulo del mismo lado. Los golpes lo hicieron perder el equilibrio, tropezó con una silla de plástico y cayó al suelo, ahí Juan Esteban nuevamente lo golpea en la nuca con golpes de puño, por lo que únicamente solo pudo cubrirse el rostro con sus brazos; acto seguido observa que Fayón le dio un puntapié a la altura del hombro izquierdo. El hombre agredido tuvo cuatro días de incapacidad laboral y siete de curación.

Sin embargo, esta no sería la única vez que su nombre quedó grabado en la Justicia. Hace algunos años, en la estación de servicio ubicada en la rotonda de Limache, Romero Jr. junto a un grupo de matones propinó una golpiza brutal a un joven. Tras el incidente, todos fueron a parar al calabozo de una dependencia. Eso sucedió hasta que el entonces jefe de Policía, Jorge René Silisque, recibió la orden inmediata de poner en libertad al heredero. El hijo del senador, en ese entonces gobernador de la provincia, fue liberado, pero el jefe de la policía pagó con su puesto.

Familia, justicia y negocios

La causa La Ciénaga también tiene a Juan Esteban Romero como uno de sus principales protagonistas. El hijo de Juan Carlos era, por entonces, titular de otra firma denominada “Estancia El Carmen S.A.”, que adquirió por la suma de $100 mil la extensión de 90 hectáreas conocida como “La Ciénaga”, comprada por el Estado a más de un millón de pesos a un primo del actual senador nacional.

El 19 de noviembre de 2009, las 90 hectáreas fueron transferidas a “Estancia El Carmen S.A.” y al indagar sobre esta nueva firma propietaria, se estableció que la empresa tiene la misma sede Horizontes S.A, editora del diario El Tribuno.

Sin embargo, en agosto de 2020, después de que el Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Héctor Poliotto y Ramón Medina beneficiara a Juan Romero con la vuelta a cero de la causa por el supuesto apropiamiento que debían ser destinadas al programa “Familia Propietaria”, ahora la causa denominada “La Ciénaga” quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.

Hangares Romero

A dos meses de oficializarse su candidatura a diputado provincial, y luego de catorce años de inmovilidad judicial, un pedido de sobreseimiento express beneficiaría a Romero Jr. y le daría un empujón en sus apetencias electorales. La causa en cuestión tiene como protagonista a su padre y a un intento de apropiación de tierras públicas para beneficio propio.

A 20 días de dejar el mando, el ex gobernador Juan Romero entregó 4200 mts2 del aeropuerto Salta a su hijo, para la construcción de un hangar de uso aeronáutico. Una vez vencido el comodato, al cabo de 20 años, las obras civiles y oficinas construidas en el predio pasarían a formar parte del patrimonio provincial, según estipulaba el decreto. Cinco años después del hecho, se abrió una causa penal en contra del ex mandatario, su hijo y otros funcionarios implicados, que derivó en un pedido de elevación a juicio al cabo de pocos meses.

Sin embargo, luego de siete años (cinco de los cuales transcurrieron bajo una suerte de tregua post electoral), dos jueces amigos anularon el requerimiento de elevación a juicio contra Romero y sus allegados. Para culminar la operatoria, ya en marzo de 2021 y a nueve años del hecho, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de todos los acusados desvinculándolos completamente del caso. Apenas dos meses más tarde, el rostro de uno de los implicados aparecería en afiches, volantes, gigantografías y parafernalia proselitista.