Ley Ómnibus: Maquillaje para dejar intacto el núcleo de las reformas

El país

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso una nueva versión del proyecto de Ley Ómnibus con algunas modificaciones que le habían pedido desde los bloques opositores que tienen la intención de votar la ley. Si bien el gobierno nacional presentó el proyecto como una versión supuestamente mejorada, los cambios incorporados siguen manteniendo recortes brutales para los jubilados y las economías regionales, entre otras medidas de profundo impacto, y está en duda qué harán la Unión Cívica Radical, el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, el de Innovación Federal e incluso el PRO. Una posibilidad es que haya hasta tres dictámenes distintos (el del oficialismo que podría tener el respaldo del PRO, el de rechazo de Unión por la Patria y del FIT, y otro de la UCR y HCF). Por ahora eso no termina de estar del todo claro y tampoco hay anunciado un llamado al plenario de comisión, más allá de que la intención de LLA es que la ley llegue al recinto esta semana.

Las reuniones se sucedieron durante toda la jornada. Milei recibió a José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, para analizar el tratamiento de la ley. Al cierre de esta edición, el ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba reunido de manera virtual con un grupo de gobernadores del PRO y la UCR ya que desde Casa Rosada dejaron trascender que ingresará este martes al Congreso una nueva ley de Ganancias para modificar la ley de Sergio Massa que eliminaba el impuesto a la cuarta categoría. Sería para los salarios de más de $ 1.350.000 bruto y se actualizaría en escalas trimestralmente por IPC. Además, se delegarían al Ejecutivo las facultades para modificar los montos de las escalas (se retrotraería a septiembre 2023, con montos actualizados). Esto sería un punto de negociación para que los gobernadores acompañen la Ley Ómnibus en el Congreso. Habrá que ver si las negociaciones surten efecto y, en ese caso, qué harían los mandatarios provinciales frente a las retenciones, con las que varios de ellos ya se mostraron rotundamente en contra. 

Con la nueva modificación, 141 artículos de la ley original quedaron afuera y entre los cambios que se incorporaron se achicaría el plazo de las facultades delegadas, pero seguiría la emergencia en salud, en el área previsional y la tarifaria. Algo con lo que no está de acuerdo el radicalismo, por ejemplo. En un principio Milei quería dos años con posibilidad de extender dos más y ahora pasaría a ser de un año con posibilidad de que el Congreso las extienda un año más. 

Desde la oposición no negociadora, el presidente de bloque de UxP Germán Martínez denunció que "a todo lo que supuestamente 'renuncia' el oficialismo en la nueva versión, Milei lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben". Además, Martínez repasó que "el núcleo del proyecto no se ve alterado con las supuestas modificaciones que quieren incorporar", ya que "la ley ómnibus genera superpoderes para Milei. Perjudica a los jubilados, a los sectores productivos (principalmente la industria) y a las economías provinciales".

En el área de la delegación de facultades el diputado explicó que "el nivel de discrecionalidad sigue siendo enorme" ya que "empeora el tema energía/tarifas; elimina toda pretensión de crecimiento económico y deja abierta la posibilidad de tomar más deuda, a espaldas del Congreso", ya que elimina el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que pedía que el endeudamiento tenga que pasar por el Congreso. Sobre la cuestión previsional, en tanto, desde UxP denunciaron que "la licuación de los haberes jubilatorios (vía devaluación e inflación) no se modifica en nada", y que por los super poderes "Milei podrá hacer lo que quiera con la ley 24.241 (elevar edad jubilatoria, eliminar moratoria, fragmentar el sistema)".

La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en tanto, seguirá en pie. Según denunciaron desde UxP eso "perjudicará a jubilados actuales y futuros", y además, al pasarlo al tesoro, podrá ser embargado. "Eso puede ser un golpe mortal para las cajas provinciales no transferidas", añadieron. Desde la oposición amigable tampoco están a favor de este punto.

El nuevo texto tiene varios puntos que, aún modificados, no terminan de convencer a la oposición. En principio a HCF, a la UCR y al bloque de las provincias no les permitiría firmar un dictamen conjunto una serie de puntos. El previsional es uno de ellos y quizás el más importante. En la versión original del texto el PEN quería terminar con la fórmula previsional actual y arrogarse los aumentos a los jubilados de manera discrecional. En la nueva versión explican que el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponderá a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual y que, a partir de abril, comenzaría una "actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC".

En esa línea, explicaron que "el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes", y que "la inflación se definirá como la variación mensual del IPC publicado por el INDEC". Además, aclaran que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria". Esto generó molestias en la oposición amigable que quería que el aumento por inflación comience desde enero o febrero. Desde el radicalismo, por ejemplo, creen que la fórmula jubilatoria debería sacarse del dictamen ya que "el empalme entre las dos fórmulas que está en el dictamen del oficialismo es inaceptable". Prefieren, en tal caso, que quede en vigencia la fórmula de Alberto Fernández de 2020.

Otro punto problemático es el de las retenciones. En la primera versión el Gobierno quería aumentar todas las retenciones al 15 por ciento incluidas las retenciones a las economías regionales. En la nueva versión armaron un listado de 35 en las que varias quedarían afuera. Este punto es inadmisible para la mayoría de los gobernadores de todos los signos políticos. Desde UxP aclararon que "las rebajas a 0 en economías regionales estarán condicionadas al dedo del Ejecutivo". Se quejaron porque "el proyecto sigue castigando al agregado de valor en la producción primaria", y "el sesgo anti exportador no se modifica complicando a la industria manufacturera". Desde la UCR están en contra de cualquier aumento de las retenciones. No están conformes con la excepción de 35 economías regionales y rechazan las subas al 15 de industrias de distintas zonas del país. También rechazan el aumento del 31 a 33 para los derivados de la soja.

También hay conflicto con las privatizaciones. El gobierno quería privatizar todas las empresas del estado, pero en esta nueva versión excluyó a YPF y aclaró que hay otro grupo entre las que están Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, que solo podrán privatizarse de manera "parcial" debiendo mantener el estado el control de la empresa. Entre las que sí se podrán privatizar quedaron, entre otras: Aerolíneas Argentinas, Aysa, los trenes y los medios públicos. Además aclararon que "respecto del proceso de privatizaciones que se lleve adelante conforme las disposiciones de la presente ley, intervendrá la 'Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones' creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696". Desde UxP añadieron que "la Bicameral de Privatizaciones no puede ser el ámbito para habilitar el tratamiento".

Desde la oposición dialoguista también mostraron disconformidad en este punto porque según comentaron cerca de HCF "no es lo que se habló y la privatización sigue siendo automática". Ellos quieren que la privatización pase empresa por empresa por el Congreso. En el radicalismo disgusta que las avale una Bicameral y no pasen por los recintos de ambas cámaras.

Otro punto en tensión es el de la reforma electoral. En un principio desde el gobierno habían dicho que todo ese capítulo iba a quedar para las sesiones ordinarias, pero los legisladores negociadores se sorprendieron cuando leyeron que en la nueva versión de la ley seguía uno de los puntos más polémicos en esa área: el del financiamiento de los partidos políticos. Según analizan desde los bloques opositores, el artículo 461 que sustituye el artículo 12 de la Ley 26.215 permitiría el ingreso de fondos de cualquier tipo, incluso del narcotráfico.

La ley, entre otras cuestiones de suma gravedad, también le quitaría financiación a la Ley de Barrios Populares que realizó obras en más de cinco mil barrios desde que está vigente. También mantendría la prohibición de la protesta, habilitaría la posibilidad de arancelar la universidad pública para extranjeros y el blanqueo de capitales que propone se destinará a la capitalización del Banco Central y no va a las provincias por coparticipación --cosa que molesta a los gobernadores--.

Por otro lado, en el texto modificado no se elimina el artículo que pide avisar al Ministerio de Seguridad si se hacen reuniones en el espacio público sino que solo sube el número de 3 a 30. La normativa también pretende prohibir a los docentes y empleados del Estado militar políticamente; disolver la defensoría del público, autorizar la quema de terrenos si la autoridad de aplicación no responde luego de 90 días al pedido (en la versión anterior decía 30); habilitar la reventa de entradas para eventos deportivos y dejar impunes los casos de gatillo fácil, entre otras cosas.