Los gravísimos y persistentes problemas del Instituto de Previsión Social (IPS) no se limitan a los administrativo-financieros, como los reflejados en las licitaciones públicas amañadas, en las cuantiosas deudas con las firmas farmacéuticas, en la angustiante falta de insumos, de medicamentos y de equipos o en la obtención de turnos para que los pacientes sean atendidos. Aparte de la tradicional corruptela y del derroche, también la ineptitud y la negligencia juegan un gran papel en la deplorable gestión sanitaria que afecta a diario a los asegurados, ante el ominoso silencio de sus representantes en el inoperante –por no decir cómplice– Consejo de Administración.
Bien se sabe cuán frecuentes son los casos de mala praxis. En el mes en curso, para no ir más lejos, familiares de un bebé internado en el Hospital Central, cuyas salas de internación no están libres de cucarachas, denunciaron que el personal de enfermería le inyectó leche en las venas, tras lo cual la Presidencia del IPS, a cargo de Jorge Brítez, les ofreció sus disculpas e informó que los presuntos responsables fueron sumariados. Menos suerte tuvo una funcionaria cuya queja, formulada en marzo, de que en la cocina de dicho hospital se utilizaban carnes mal refrigeradas y frutas podridas, habría sido ignorada, en tanto que una madre afirmó hace unos días que la comida servida a los niños es “una burla”. Otro ejemplo de la falta de supervisión es que en noviembre de 2023 se supo que una contratada como “auxiliar de gestión de pacientes” en la Unidad Sanitaria de San Antonio obtuvo en tres años de servicio 123 certificados médicos de reposo porque, entre otros males, habría sufrido de “diarrea neonatal” y de “absceso de próstata” (!).
El grotesco caso fue revelado por el gerente de Salud del IPS, Carlos Morínigo, destituido en marzo de este año, al cabo de un desempeño de siete meses, por haber denunciado que en los servicios faltaba el 40% de los fármacos, algo negado por Víctor Insfrán, el cuestionado representante –precisamente– de los trabajadores. El defenestrado tuvo el valor de decir, estando aún en el ejercicio del cargo, que “el IPS es un barco hundido, un muerto que están intentando reanimar”. Hasta hoy, el barco no ha sido reflotado, el muerto no ha vuelto a la vida.
En otro orden, el caos en cuanto a recategorizaciones, nombramientos y contrataciones del personal llegó al colmo de que el Ministerio Público haya ordenado en enero último la detención de los miembros de un grupo que vendía tales actos administrativos, pese a que en el IPS se intentó cajonear el asunto, según el citado exgerente de Salud. Los asociados para delinquir tenían incluso una oficina, es decir, actuaban con todo desparpajo.
A inicios de este año, la entidad tenía 26.000 servidores públicos, de los cuales 11.000 estaban como contratados. La sobrepoblación hace que destine el 7% de sus ingresos anuales de más de mil millones de dólares a “gastos administrativos”, sin que estén comprendidos los correspondientes al personal de blanco, al de seguridad ni al de mantenimiento. Como resultado del prebendarismo, la burocracia absorbe una buena parte de los recursos que deberían aplicarse a la compra de insumos, medicamentos y equipos, así como al pago de las deudas vencidas, cuyo monto se estima en 710 millones de dólares al día de hoy.
Según datos oficiales, la evasión del aporte al seguro social, que se comete cuando el empleador lo descuenta del salario del trabajador, sin ingresarlo en el IPS, llega a nada menos que el 70%. Es clara la necesidad de que este hecho punible, así como la práctica de declarar un sueldo mínimo, como lo hace el 80% de los asegurados, sean combatidos por la entidad, por el Ministerio Público y por el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Empero, lo fundamental es prestar un servicio mucho más eficiente, que alentará el pago de los aportes por interés de los propios trabajadores. Tal como están las cosas, ese interés no puede ser grande.
Desde más de un punto de vista, el IPS es simplemente insostenible; en realidad, está hundido, muerto, como dijo alguien que lo conoció desde adentro y que fue removido por su excesiva franqueza. La madre de un niño internado en el Hospital Central, que sufre de cáncer, resumió así en los últimos días la lacerante situación: “Hace seis meses que no hay medicamentos (...) ni agujas de punción ni guantes; compramos hasta el gel para que los médicos se desinfecten (...) hasta queremos prostituirnos para conseguir medicamentos”. El crudo testimonio induce a sostener que el Consejo de Administración y su presidente no deben seguir abusando de la paciencia de los asegurados y de la ciudadanía en general.
