Gritos e insultos entre Juan Grabois y la abogada de Sandra ...

Después de una audiencia judicial escandalosa, con interrupciones y chicanas de ambas partes y reproches a los jueces, Leila Gianni, representante legal del ministerio de Capital Humano, y Juan Grabois se cruzaron afuera de la sala, en un pasillo del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002. Al grito de “chorro”, “cuca” y “chancho”, el episodio casi termina con violencia física. Mientras que Grabois avanzó sobre Ariel Romano, abogado del ministerio de Capital Humano, Gianni, luego de retirarse, volvió y quiso empujar a Grabois.

“Dejá de usar el nombre de Dios en vano”, dijo Gianni ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Grabois le contestó recordándole su zigzagueante pasado político: “Estuviste con Alberto [Fernández], [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner]. La ladrona sos vos y como abogada, sos berreta”. Y siguió: “Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Cuca ladrona”. La remera de Gianni, en efecto, era negra y tenía estampado en blanco el dibujo de un león.

Ella le contestó: “Al pingüino se lo comió el león”. Le dijo además: “Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida. Tarado”.

La audiencia fue en la Cámara Federal. El Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos y la mañana fue una verdadera batalla campal. Gianni interrumpió por lo menos cuatro veces a Grabois, mientras él la insultaba frente a los jueces. El dirigente social, a su vez, increpó a los magistrados por no detenerla y la audiencia casi se suspende.

Encabezaron la audiencia los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Gianni, junto a Romano, expusieron primero. Antes de que se cumplieran los 30 segundos, los jueces debieron solicitarle a la abogada de Capital Humano que se limitara a la fundamentación de la apelación, ya que comenzó a hacer una exposición sobre el “cambio de paradigma” que promueve el Gobierno en materia de política alimentaria. Inmediatamente fue interrumpida.

La funcionaria apuntó contra Casanello y, frente a los magistrados, dijo que el Gobierno no permitirá que “ningún juez” se entrometa en la política pública. Dijo que Casanello se excedió de sus funciones y que, en todo caso, la cuestión sobre los alimentos en depósitos podría correr en el fuero contencioso administrativo, pero nunca en el penal. Ella y Romano insistieron, también, en que no hay delito en los hechos investigados porque la comida no estaba vencida.

Grabois, por su parte, apuntó contra la gestión de Pettovello y, con una presentación con láminas grandes, buscó evidenciar lo que a su entender es un camino de contradicciones en el discurso oficial sobre los alimentos en los depósitos. Durante su exposición, apuntó contra Gianni y fue interrumpido numerosas veces por la parte apelante.

El tribunal intentó poner orden dando indicaciones a ambas partes. Grabois increpó los magistrados. Al cruzarse con Gianni, que estaba detrás suyo, el juez Irurzun dijo: “Grabois, le pido un favor...”. “¡No! Yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro?”, lanzó. Al no recibir una respuesta a su entender satisfactoria por parte de Irurzun, se dirigió a Farah, y luego a Boico con la misma pregunta.

Los jueces también le solicitaron a Gianni que se abstuviera de hacer comentarios y amenazaron con dar por terminada la audiencia.

Por la tarde, Gianni volvió a Comodoro Py, pero esta vez a ratificar la denuncia que Capital Humano hizo contra Pablo De la Torre, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, por presuntamente haber designado personas en puestos de trabajo a través de la Organización de Estados Iberoamericanos sin que estos vayan a trabajar, o bien cobraban sobresueldos.

Aseguró tomar conocimiento de la situación a partir de información periodística, tras la cuál llamó a Francisco Fernández, un funcionario del área de De la Torre, para que explique esta modalidad de contratación. Ese encuentro se habría dado el 29 de mayo en el edificio del ex Desarrollo Social en la Av. 9 de Julio, aproximadamente a las 10:30. Estuvieron presentes, además, Ariel Romano Ángel y la Natalia Rey, asesores de la Subsecretaria Legal, que depende de Gianni.

Allí habría explicado que existía un listado de 100 personas que, al no poder ser designadas, fueron habilitaron para efectuar sus contrataciones a través de la OEI. Quién lo habría autorizado sería Maximiliano Keckseli, exfuncionario despedido del ministerio. La OEI les habría transferido a estas personas, y estos habrían cobrado en pesos y cambiado a dólares para entregar una parte a De la Torre.

Gianni declaró que, tras esta reunión, le solicitaron a Fernández que acompañe a un grupo de funcionarios a la Secretaría de Trabajo para hacer una transcripción de los hechos y elevar un acta a la Oficina Anticorrupción. La funcionaria de Pettovello buscó hacer hincapié constantemente en que el funcionario que contó el mecanismo lo hizo de forma libre y voluntaria por las versiones que circularon sobre las presiones que se habrían ejercido sobre él para que declare contra su jefe. La segunda reunión, en Trabajo, ocurrió y fue habría sido certificada con escribano, pero Fernández habría llamado a su abogado, que le habría recomendado no firmar. Gianni propuso enviar las cámaras del edificio para demostrar estos encuentros.