Cristina Kirchner le pidió al ChatGPT un análisis de la condena por ...

Luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, Cristina Kirchner apuntó este jueves contra el presidente Javier Milei por quitarle su jubilación de privilegio. Allí, criticó el fallo de la Sala IV, que el mandatario celebró, y le dejó un resumen realizado a pedido de ella por ChatGPT, donde la aplicación de inteligencia artificial marca “inconsistencias” en la decisión de Casación que “podrían ser interpretadas como violaciones a principios fundamentales del derecho penal”.

El documento forma parte de un extenso descargo de la exvicepresidenta tras la decisión del Gobierno de quitarle la jubilación de privilegio y la pensión por invalidez a raíz de la doble condena por corrupción. La ex titular del Senado le pidió al chatbot de IA que realice un análisis del fallo de los jueces del máximo tribunal penal del país.

“Te dejo lo que respondió el chat GPT cuando le pedimos que realice un análisis del fallo de ‘Los Copitos de Comodoro Py’ en la ‘Causa Vialidad’, despojado de la opinión de la defensa y con visión objetiva de las inconsistencias que tiene ese fallo”, le dijo la expresidenta a Milei, en referencia al apodo con el que se refiere a los tres jueces encargados de confirmar su condena, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

El resumen plantea que hay “inconsistencias tanto en la construcción probatoria como en la lógica de los argumentos”. “Estas deficiencias podrían ser utilizadas para cuestionar la solidez jurídica de la condena y, en algunos casos, podrían ser interpretadas como violaciones a principios fundamentales del derecho penal, como la congruencia, la presunción de inocencia y el debido proceso”, detalló.

Desglosó dichas inconsistencias en diez puntos, entre los que asegura que no hay “pruebas directas concluyentes que establezcan la relación causal entre los actos de Cristina Fernández de Kirchner y la supuesta administración fraudulenta” debido a que el fallo se basó en “pruebas circunstanciales e inferencias” para “aspectos clave de la condena”. También sostiene que se utilizaron elementos probatorios, como mensajes de texto y auditorías, “provenientes de otras causas que no habría sido debidamente discutidos y confrontados durante el juicio oral”. “Esto puede vulnerar el principio de oralidad y contradicción, pilares del proceso penal acusatorio”, explicó.

Sobre esto último, remarcó que se utilizaron hechos de las causas de Hotesur y Los Sauces “a pesar de declarar que no serían evaluados”: “Este enfoque vulnera la garantía de defensa en juicio al incorporar elementos fuera del objeto procesal del caso”. También destacó la vulneración del Principio de Congruencia al introducir “elementos no incluidos en la acusación original, como el ‘plan limpiar todo’, sin ofrecer la posibilidad de producir prueba específica al respecto”.

Para ChatGPT, el fallo se contradice: “El fallo contradice su propia afirmación de que ciertas decisiones políticas, como la política vial, no son justiciables, al utilizarlas como fundamento para sostener la existencia de una supuesta maniobra delictiva. Este doble estándar genera ambigüedad sobre los límites entre lo político y lo penal”. También notó incoherencias en la cronología que lleva a la responsabilidad a Cristina Kirchner y remarcó que hay una “confusión territorial y temporal” sobre reuniones que “no están debidamente comprobadas en cuanto a fecha, lugar y contenido”. “Según el fallo, acciones críticas del plan ocurrieron antes de que se registre cualquier intervención atribuida a ella, lo que podría debilitar la lógica de la acusación”, analizó.

Tampoco distingue que se haya probado el beneficio personal que recibió la expresidenta por la causa: “El fallo no establece de manera clara y directa cómo Fernández de Kirchner obtuvo un beneficio personal de los hechos investigados. Este es un elemento clave en delitos como la administración fraudulenta, que requiere una vinculación directa con el ánimo de lucro”.

Además, desarrolló sobre la falta de análisis de riesgo jurídico, donde argumenta que no detallan cómo el decreto 54/2009 -que permitió que la Dirección Nacional de Vialidad tuviera discrecionalidad para el manejo de los fondos para obras viales- o las resoluciones administrativas vinculadas crearon un riesgo jurídico desaprobado, y deficiencias en la prueba pericial, debido a la falta de realización de peritajes técnicos sobre aspectos esenciales del caso.