La Argentina debe pagar 1330 millones de euros más intereses por ...

Ya no quedan más instancias para apelar y la Argentina finalmente deberá pagar 1330 millones de euros (US$1443 millones) más intereses por daños e indemnizaciones por el juicio llamado “cupón PBI”, en Gran Bretaña. La Corte Suprema de este país rechazó el pedido de la defensa argentina de apelar el fallo de primera instancia, una medida esperable, ya que previamente, la Argentina había perdido el permiso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Londres.

“La Argentina pierde la apelación en la Corte Suprema del Reino Unido en el caso ‘Cupón PBI’. Ahora los beneficiarios ejecutarán garantía por 313 millones de euros que el país depositó en marzo con una carta de crédito emitida por el Santander. El Gobierno de Javier Milei deberá decidir si abonará el fallo de 1330 millones de euros más intereses”, dijo Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, y quien sigue de cerca los juicios del país en el exterior.

En abril del año pasado, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited y ordenó a la Argentina pagar 643 millones de euros más intereses, sumando un total potencial de 1330 millones de euros. El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013, por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010 para canjear la deuda que había quedado en default en 2001.

El Estado había presentado una garantía de US$337 millones para apelar, que era la condición que había impuesto el tribunal de segunda instancia. Menos de dos meses después, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia, al rechazar tratar el caso.

El 10 de julio, por lo tanto, se hizo un último intento y se pidió permiso a la Corte Suprema para recurrir contra la decisión de la cámara que confirmó la sentencia de primera instancia. Hoy se confirmó que el máximo tribunal de Gran Bretaña rechazó tratar el caso argentino y, por lo tanto, la sentencia de primera instancia quedó firme.

“Este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado y se refiere a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por ley inglesa. Los fondos, que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de la valuación de los bonos, demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global US$670 millones. Alegaron que la Argentina modificó la forma de calcular su PBI en 2013 para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de estos bonos”, explicó la Procuración del Tesoro.

“La República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido”, agregaron en la cartera que conduce Rodolfo Barra.

“Las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país. Estamos analizando minuciosamente, con nuestros asesores legales, las consecuencias de esta determinación y los pasos a seguir. Es nuestro mayor compromiso trabajar día a día para volver a ser un país serio para el mundo”, dijo, por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En marzo pasado, el Gobierno creó por decreto el “Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024″, en Nueva York, para constituir a través de este instrumento una garantía por US$337 millones. “Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”, argumentó el juez Stephen Phillips, cuando pidió la garantía para apelar.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.

La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. El ministro era Axel Kicillof. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo era necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta de productos, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.

Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.

El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que los títulos deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.

Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI –que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993– fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. “Sin los cambios, los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país”, indicaron.

En cambio, los cuatro fondos argumentaron que la Argentina debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta 2035, según afirmó Aidan O’Rourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.

En paralelo, la Argentina enfrentaba otro proceso similar en Nueva York, aunque el 30 de marzo pasado, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de esa ciudad, dictó sentencia sumaria a favor de la Argentina, rechazó la demanda y cerró el caso porque consideró que los demandantes no habían satisfecho los requisitos contractuales indispensables para presentar la demanda. Los demandantes notificaron que van a apelar. Son los fondos Aurelius, Novoriver, ACP Master, 683 Capital Partners, Adona y APE Group SPA.