El Gobierno habló sobre la acusación de Fabiola Yañez a Alberto ...

El vocero del Gobierno, Manuel Adorni, se refirió hoy en conferencia de prensa a la denuncia la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

“Con respecto a la supuesta violencia contra la exprimera dama, nuestra posición es la misma de siempre. Vamos a colaborar con la Justicia, vamos a aportar todo lo que la Justicia nos pida”, afirmó Adorni.

“Lamentamos cualquier hecho de violencia. Ayer esto sirvió para recordar que la línea de ayuda y asistencia sigue funcionando. Apelamos a que la Justicia funcione lo más rápido posible y que si hay algún culpable que vaya preso”, cerró el vocero en una turbulenta conferencia de prensa.

Yañez denunció el martes Fernández por violencia física y hostigamiento. La presentación fue por Zoom ante Julián Ercolini, el juez federal del caso de los seguros.

Ante la denuncia de Yañez, Ercolini ordenó de inmediato medidas de restricción contra Fernández -incluida una prohibición de salida del país- y le encomendó al Ministerio de Seguridad que arbitre los medios para reforzar la custodia de Yañez. Además, resolvió: “Imponer a Alberto Ángel Fernández que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez tanto en el espacio analógico como el digital”.

Las medidas que se tomaron, de carácter urgente, incluyen la orden al expresidente de que no se acerque a ella: le impidió estar a menos de 500 metros de su domicilio o de donde ella ejerza sus actividades habituales.

Alberto Fernández dijo a LA NACION que “es todo falso” y que lo demostrará “ante la Justicia”. Horas después de conocida la denuncia, difundió un comunicado en el mismo sentido en el que afirmó que aportará en los tribunales “las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”. También dijo que no planea hacer declaraciones públicas para no exponer a su familia, incluida “la propia Fabiola”.

Como parte de estas primeras medidas, Ercolini dispuso además delegar la causa en el fiscal federal Carlos Rívolo -que interviene con Ercolini en el caso de los seguros-. Es posible que el caso sea enviado a la justicia ordinaria porque en principio no habría motivos para que permaneciera en el fuero federal, que es de excepción.

La de este martes fue la segunda audiencia de Yañez con el juez, que la había contactado, en junio pasado, después de encontrar en los chats de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, mensajes de Yañez que aludían a hechos de violencia física que ella le adjudicaba al expresidente. Según supo LA NACION, el relato a Cantero incluía fotos. Ante el hallazgo de esos mensajes, el juez contactó a la ex primera dama, a través del abogado Juan Pablo Fioribello -que la había representado en otras causas- y le dijo que quería hablar con ella, según relató Fioribello.

El primer Zoom se realizó a fines de junio. En esa audiencia, Ercolini le contó a Yañez lo que había encontrado en el marco de la causa de los seguros y se puso a su disposición para que, si ella quería, denunciara los hechos que le contaba a Cantero en los chats. En ese momento ella dijo que no tenía intenciones de presentar una denuncia.

El juez entendió entonces que como el presunto delito encuadraba en el tipo penal de lesiones leves, era de instancia privada y, por ende, la Justicia solo lo podía investigar si la víctima lo denunciaba. Como ella dijo que no iba a hacerlo, Ercolini archivó las actuaciones. Pero un archivo no es definitivo. El cambio de opinión de Yañez motivó ahora la apertura de una investigación penal, que tramitará por separado de la causa de los seguros, en la que el expresidente está imputado, acusado de haber promovido negocios ilegales para brokers a costa del Estado.

Yañez se comunicó este martes con el juzgado, sin intermediarios, informaron a LA NACION fuentes al tanto de lo ocurrido. La ex primera dama vive en Madrid. Se mudó a España con Fernández y con el hijo de ambos, Francisco, tras el cambio de gobierno. Pero se separaron y él regresó a instalarse en Buenos Aires. Volvió a vivir al departamento que antes de ser presidente le prestaba el empresario Enrique Albistur en Puerto Madero.

La denuncia de Yañez incluye, por un lado la acusación de los golpes y, por otro, la de un supuesto hostigamiento que seguiría hasta la actualidad.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación tiene previsto celebrar este miércoles una audiencia para tratar el pedido de Alberto Fernández de que Ercolini sea apartado del caso de los seguros. Hasta ahora, el planteo del expresidente fue rechazado por el propio Ercolini y por la Cámara Federal, en una decisión unipersonal del camarista Roberto Boico.

Fernández, en su recusación, dijo tener un temor fundado de que el juez será parcial y actuará en su contra. En esta causa, Ercolini avanzó con rapidez contra Fernández tras la presentación de la denuncia y ordenó la inhibición general de los bienes del expresidente (que la Cámara revocó), además de un informe de sus comunicaciones. El exmandatario sostuvo que hay elementos para creer que se trata de “una venganza disfrazada de causa penal” porque primero fueron amigos y después Fernández denunció a Ercolini por el caso Lago Escondido y pidió incluso su destitución.

El expresidente no acusa al juez solo el viaje en sí, sino de maniobras para esconder ese viaje que salieron a la luz cuando se difundieron unos chats que la justicia federal declaró que no podían ser considerados como prueba válida. La causa contra Ercolini y sus compañeros de viaje al Sur había avanzado en Bariloche, pero con Mariano Cúneo Libarona (hoy ministro de Justicia) como abogado, otro de los jueces investigados -Pablo Yadarola- logró que el expediente pasara a los tribunales de Comodoro Py, donde se cerró sin que la fiscalía apelara, en diciembre pasado, al filo de la feria judicial.

Hasta ahora, el planteo de Fernández contra el juez no prosperó. Alberto Fernández llega a la audiencia de este miércoles -a la que podría presentarse, pero difícilmente lo haga- en su peor momento judicial.

LA NACION